Primero los colonizadores, después el Estado chileno: 525 años de represión, violencia y desinformación

En 1492 con el desembarco de Colón en América, comenzó lo que muchos consideran, el mayor genocidio de la historia mundial, con matanzas y persecuciones a los pueblos que habitaban la américa precolombina.

A 525 años de estos acontecimientos, quienes resisten por sobrevivir como nación y pueblo autónomo, son hostigados y aprehendidos tanto por las fuerzas policiales del Estado chileno como argentino, demostrando que en años de evolución social, la violencia no ha cesado contra mujeres, hombres y niños mapuche.

Represión 2La mayor parte de familias sobrevivientes a la colonización, poseedoras de tierras y que se encuentran trabajando para recuperar lo expropiado a sus ancestros, están concentrados en La Araucanía, por lo que esta zona ha sido el foco de represión e injusticia por parte de Fuerzas Especiales, quienes enviados por el Estado han irrumpido y allanado de forma despiadada distintas comunidades, inculpando a comuneros y autoridades Mapuche de atentados terroristas que no han logrado ser demostrados por la justicia.

En la siguiente línea de tiempo, se explicarán de forma resumida diversos acontecimientos que desarrollaron la actual lucha por la reivindicación Mapuche, desde el desembarco de Colón, hasta la actualidad.

Actualmente en lo extenso del sur de Chile, son diversas las empresas forestales instaladas en los territorios que anteriormente fueron expropiados a sus dueños (pueblos indígenas), y que eliminaron los árboles nativos para realizar plantaciones de pino y eucalipto por la utilidad comercial de su madera, sin medir las consecuencias ambientales ni religiosas del pueblo Mapuche.

Las empresas forestales en la Región de La Araucanía, ejecutan sus tareas con el resguardo de personal policial, evadiendo el fin de la institución de proteger bienes públicos y no de privados. Este amparo con armas en favor de dichas empresa, nació luego de que los weichafe (guerreros) iniciaran acciones de recuperación, cortando árboles no nativos, sembrando vegetales y construyendo pequeñas casas para reclamar soberanía ancestral, además de crearse grupos de guerra directa como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) quienes ejecutan tácticas con el fin de inhabilitar la cadena de extracción de madera, como la quema de maquinarias y/o camiones.

Para dichos efectos, la CAM siempre se adjudica los hechos cuando son de su autoría, si embargo, el sector empresarial ha tomado provecho de esto, realizando autoatentados con fines políticos y económicos que han sido probados por la justicia.

Claro ejemplo de lo anterior sucedió por primera vez en 2015, cuando se imputó a Hugo Castro Delgado y Orli Martini Castro, quienes en Padre las Casas rociaron con combustible un camión de su propiedad y lo quemaron para cobrar el seguro que ascendió a 15 millones 390 mil pesos.

LEY ANTITERRORISTA

Machi e hijaLa conocida Ley Antiterrorista (Ley N° 18.314) fue promulgada en 1984 por la dictadura militar encabezada por el General Augusto Pinochet, y que permite a la justicia clasificar actos y conductas terroristas para procesar a los imputados con penas mayores a la de ley común, permitir usar como prueba a testigos sin rostro, además negar el derecho de presunta inocencia de los inculpados.

Sin embargo, el reclamo constante del pueblo Mapuche, ha sido denunciar que dicha ley solo se ha aplicado contra los mapuche y los simpatizantes de la resistencia, haciendo un contraste con delitos de similares características que en la capital chilena, se procesan por ley común.

TODOS ABSUELTOS

Son muchos los casos judiciales Mapuche, en su mayoría bajo la Ley Antiterrorista, que no han logrado ser demostrados por  falta de pruebas contra los imputados, por lo que simplemente quedan absueltos. Sin embargo, de igual forma pasan alrededor de un año en prisiones comunes, atentando contra vida e integridad.


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El acontecimiento más reciente y que ha suscitado mayor cobertura, fue el caso Luchsinger Mackay, en el que Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marifel, José Arturo Cordova, José Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel, fueron imputados bajo la Ley Antiterrorista, acusados de realizar un asalto incendiario en enero de 2013 en la vivienda ubicada en el Fundo Granja Lumahue en la comuna de Vilcún y que culminó con la muerte del agricultor Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay. Los acusados pasaron un año y siete meses en prisión preventiva, a excepción de la Machi Francisca Linconao quien tras iniciar una huelga de hambre a 9 meses de su prisión, la dejaron en arresto domiciliario.

Este caso provocó un revuelo mediático en la justicia y opinión pública al conocerse el fallo del miércoles 25 de octubre del presente año, que favoreció a los 11 imputados, quienes desde el 30 de marzo de 2016 estaban tras las rejas mientras se realizaba la investigación que finalmente no tuvo pruebas suficientes para comprobar la autoría de los hechos, al solo existir un testigo protegido (José Peralino Huinca, también imputado) quién confesó la extorsión y tortura por parte de la Policía De Investigaciones para obligarlo a firmar una declaración falsa en contra de sus pares.

EL OTRO LADO DEL FUSIL

Los casos nombrados con anterioridad han sido los más conocidos y con mayor repercusión, pero son múltiples los violentos allanamientos e invasiones realizadas por Fuerzas Especiales a pequeñas comunidades que luchan por la conservación de su cultura y derechos adquiridos por sus ancestros.

Estos asaltos, no miden la fuerza ejercida, llegando a afectar directamente a niños, como el caso de la escuela G-816 de la comunidad autónoma de Temucuicui, donde el 17 de junio de este año, Carabineros ingresó al establecimiento lanzando bombas lacrimógenas resultando con problemas respiratorios un importante número de niños de edades escolar y preescolar quienes fueron llevados de urgencia a la posta más cercana. Hechos más «cotidianos» afectan a las familias y sus hogares, donde se realizan de la misma forma estos episodios de violencia con armamento de guerra, irrumpiendo la tranquilidad de las comunidades sin considerar cuántos ni quienes se encuentren dentro. Así lo relata Margoth Collipal Curaqueo, mujer mapuche que el año 2006 fue víctima de este «proceso» mientras trabajaba en la oficina del Consejo de Todas las Tierras en Temuco.

Ilwen Hernández Rain, esposa del Machi Fidel Tranamil quien tuvo paso por el penal Llancahue de Valdivia, relata como fue el allanamiento a su hogar ubicado en Padre las Casas (Temuco), que sufrió producto de la denominada Operación Huracán.

Lautaro Chocori, dirigente del Hogar Estudiantil y Centro Cultural Mapuche We Liwen, comentó el apoyo que el hogar ha tenido para los presos Mapuche y de sus movilizaciones en Valdivia.

A su vez, Rubén Canio, werken y miembro de la Comunidad ancestral del Roble (Pilmaiquén) de la comuna de Puyehue, expresa el conflicto que llevan sus ancestros, así como la usurpación territorial de latifundistas, el trabajo de recuperación de terrenos y el resguardo policial que brinda protección solo a los empresarios y que desamparan los derechos de las personas campesinas que viven en el territorio.

Durante largo tiempo, los medios de comunicación han sido un ente importante en entregar información a las personas, y ya no es un misterio la intervención de las empresas que los patrocinan, influyendo en los datos que se entregan a la audiencia.

En la actualidad tanto simpatizantes de la resistencia como la misma gente del pueblo Mapuche, han criticado constantemente la desinformación en las que los medios hacen caer a la ciudadanía chilena como argentina para defender los intereses económicos de los más poderosos, y también ayudan a crear una opinión errada del ser Mapuche, asociándolos a delincuentes violentos y terroristas.

De esta forma la importancia de los medios de comunicación de masas en la opinión pública, ayuda a generar legislaciones que avalan las injusticias y represión policial en contra de mujeres, hombres y niños que viven en armonía junto a sus familias y su tierra, fomentando el despojo y las expropiaciones de terrenos dominados por ellos, antes de la invasión española y alemana.

Por Victoria Carrillo y Diego Chaipul.

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