El miércoles 30 de agosto, en el Día del Detenido Desaparecido, el presidente Gabriel Boric oficializó el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos de la dictadura. Este plan busca rastrear la desaparición forzada de víctimas, esclarecer las circunstancias de su desaparición o muerte y cumplir con las obligaciones internacionales de Chile. Se estima que al menos 3.200 personas fueron víctimas de asesinatos o desapariciones forzadas entre 1973 y 1990. Esta iniciativa marca un importante paso en la búsqueda de justicia y verdad en relación con los crímenes cometidos durante ese período oscuro de la historia chilena.
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Estas políticas públicas tienen una importancia fundamental para las familias afectadas por la dictadura cívico-militar. Aunque no pueden borrar el pasado, brindan la oportunidad de conocer el destino de sus seres queridos, ofreciendo algo de paz. Hasta la fecha, se ha logrado atribuir responsabilidad penal por las desapariciones forzadas, condenando a agentes estatales como autores, cómplices o encubridores, así como a civiles en igual situación. Estos procesos han permitido la identificación de 307 víctimas de desapariciones forzadas. Esta iniciativa no solo es para buscar justicia, sino que también proporciona esperanza y reconciliación para las familias que sufren.