El Presidente Piñera está viviendo sus último días al mando de nuestra nación. A pesar de ser un hecho evidente –restan 151 días para el cambio de mando– esta afirmación traspasa las palabras que dictan los plazos. La develación que trajo consigo la investigación denominada Pandora Papers, un trabajo periodístico colaborativo de más de 600 profesionales alrededor del mundo, que desde Chile contó con la participación de CIPER y LaBot. Evidencia que El Presidente y su familia se encuentran involucrados en operaciones financieras de cuestionada calidad legal y ética. La investigación se refiere específicamente a aquella operación que el Mandatario concretó con el empresario -y amigo personal- Carlos Alberto Délano. Esta operación se habría dado bajo el contexto de la millonaria venta del proyecto minero Dominga, la cual tuvo lugar en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso financiero.
Desde La Moneda, se optó por tomar una estrategia defensiva: durante la semana pasada se negaron los hechos acusatorios y se blindó al Presidente. En cambio, desde la oposición, ya se está estructurando una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, la que sería presentada durante el transcurso de esta semana. Sobre este tema se refirió Lorna Loles, egresada de Derecho de la Universidad Austral de Chile, quien entregó detalles sobre lo que es una Acusación Constitucional:
Acerca del desarrollo del libelo, Coni Flores, egresada de Derecho de la misma casa de estudios, dio cuenta de cómo es el proceso que se abre con esta acusación. Además, off the record, nos comentó que la votación a la que será sometida cuenta con un quorum alto (2/3 de los parlamentarios en ejercicio).
Sobre los efectos que tendría el hecho de acusar constitucionalmente al Mandatario, se refirió a continuación:
Es un hecho claro que el gobierno presenta bajos niveles de aprobación, en la actualidad debido a su escuálida gestión en lo que va de pandemia, pero incluso antes de la pandemia, meses previos al Estallido Social de octubre del 2019, ya era notorio el descontento popular. Sin embargo, lo que está haciendo Piñera es escudarse en su sector político por responsabilidades particulares. Y esto nos demuestra una vez más la personalidad de nuestro Jefe de Estado. Alguien que es capaz de desestabilizar el cuadro democrático de su país, con tal de cumplir su agenda personal.
En paralelo a esta acusación constitucional, la cual se muestra como el camino institucional a una eventual sanción, se desarrolla la investigación penal reabierta por el Ministerio Público, por eventuales delitos tributarios. Así las cosas, al Presidente Piñera le quedan sus días contados. Y será la justicia quién decida si estos finalizan según el plazo legal con el cambio de mando el próximo 11 de marzo, o se ve forzado a abandonar su cargo antes de esta fecha.