Fotos cedidas por Agencia uno y LaTercera
Por Antonia Pacheco
Desde hace décadas, la política chilena ha estado marcada por notorios casos de corrupción que evidencian los profundos problemas estructurales en el sistema político y judicial. A lo largo de los años, la falta de transparencia y control ha permitido que diversos escándalos salgan a la luz, como el reciente «Caso Convenios», que involucra el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas, que ha impactado sobre todo al oficialismo del presidente Gabriel Boric, o el «Caso Audios», donde conversaciones filtradas del abogado Luis Hermosilla revelaron prácticas de soborno, cohecho y tráfico de influencias en altos cargos del poder.
La desconfianza en la política y el sistema judicial en Chile es indiscutible. Por ello, los cambios deben ir más allá de simples ajustes superficiales; el sistema ha demostrado ser insuficiente al perpetuar un ambiente en el que los responsables rara vez enfrentan consecuencias reales. La debilidad de los organismos fiscalizadores ha permitido que estos actos continúen ocurriendo, y, por el momento, no parece que esta situación vaya a cambiar. Es fundamental que se implementen reformas estructurales que no solo aborden los síntomas de la desconfianza, sino que también promuevan una cultura de rendición de cuentas y justicia, restaurando así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.