Por Ignacio Cordoba
En los últimos años, la preocupación por la delincuencia en Chile ha evolucionado hacia un sentimiento de alarma debido a la creciente violencia asociada a actividades delictivas. El narcotráfico, la disputa territorial y el tráfico de drogas han creado un entorno donde la violencia puede manifestarse en cualquier momento y lugar. Esto ha llevado a una percepción de inseguridad más marcada, impulsando el apoyo ciudadano a medidas de mano dura y militarización. Este fenómeno representa un desafío para la democracia chilena, abriendo la puerta a tendencias autoritarias en la política.
Gracias un estudio del CEP (Centro de estudios públicos) la delincuencia puede medirse en números y estadísticas, así pudiendo mostrar datos cuantitativos que puedan enseñar que tan real es la «crisis» de la seguridad que se vive en nuestro país, sin dar tantas vueltas el estudio muestra cosas interesantes como que en 2012, el 70,6% de las personas percibía que los delitos habían aumentado en el país, pero en 2022 este porcentaje alcanzó un 90,6% y en el año presente llega a un 87,6%. Es decir, que realmente existe una tendencia de aumento constante de la inseguridad frente al delito en la población chilena.
La creciente relación entre la delincuencia y la violencia en Chile plantea un conflicto importante para la estabilidad del país. La sensación de inseguridad ha llevado a la población a respaldar medidas que buscan una respuesta más firme, como la militarización. Sin embargo, este enfoque puede poner en riesgo los valores democráticos, abriendo la puerta a lideres autoritarios que prometen soluciones rápidas pero qué podrían comprometer derechos fundamentales, como los derechos humanos. Es el momento para que los politicos de turno busquen encontrar un equilibrio que proteja la seguridad sin sacrificar las libertades de la sociedad chilena.