SENAME, el peor lugar para cuidar a los niños y jóvenes de Chile.
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo estatal de nuestro país encargado de la protección de derechos de los menores de edad y adolescentes ante el sistema judicial. Además, está encargado de regular y supervigilar las adopciones de menores. Lamentablemente, esta entidad ha estado involucrado en diversos casos y hechos puntuales repletos de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
El Estado no ha cumplido su rol fiscalizador y protector bajo ninguna circunstancia, a pesar de que este tiene la obligación de sancionar a quienes cometan delitos en todas las entidades estatales, públicas o concesionadas a su cargo principalmente. La inoperancia e ineptitud de los gobiernos que han liderado el país, desde que se creó el SENAME en 1979, en la práctica han puesto a los niños y jóvenes en el último lugar de sus prioridades.
El caso del Lissette Villa Poblete de 11 años, una vez más, conmocionó a la opinión pública luego de su injusta y violenta muerte. Ocho personas fueron formalizadas, la muerte de la menor de edad fue en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa Galvarino de Estación Central, dando origen al denominado «caso Sename». La audiencia se efectuó con un alto grado de reserva: debido al tenor de lo sucedido los medios de comunicación no pueden hacer registro de audio o video ni difundir los nombres de los imputados.
Entre éstos figuran, en calidad de autoras, dos educadoras de trato directo a quienes la Fiscalía acusa de haber asfixiado a Lissette hasta la muerte en un intento de contenerla en medio de un ataque de ira. Los otros imputados son la entonces directora del Cread Galvarino y una auxiliar de párvulos en calidad de encubridoras; el coordinador de turnos del recinto, quien habría realizado apremios a Lissette con anterioridad a su muerte, y otros tres educadores de trato directo.
La menor había denunciado otra supuesta agresión ocurrida el 12 de diciembre de 2015, cuatro meses antes de morir, el que nunca fue investigado por el Servicio, razón por la cual el 16 de enero pasado se abrió un proceso disciplinario por omisión de la denuncia por parte del centro a la Dirección Regional Metropolitana. Todos estos antecedentes resultan escalofriantes e indignantes, sin embargo, lo más inconcebible es que el Estado actuó luego de la muerte de Lissette.
