Por Pascual Pichun y Constanza Riquelme
En septiembre de este año, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que busca dar mayores facultades a los directores de comunidades educativas para aplicar expulsión inmediata y cancelación de matrícula de los estudiantes que participen en actos de violencia grave, en un intento, según el Gobierno, de reducir los tiempos de tardanza del proceso de desvinculación del estudiante agresor del establecimiento educacional.
Sin embargo, se ha levantado el debate en torno al proyecto que incluso fue rechazado por la Comisión de Educación del Congreso por considerarla inconstitucional, y hay quienes reclaman que la medida priva del derecho a la educación a los estudiantes y los criminaliza.