En 2017, según un informe de la ONG Front Line Defenders 312 defensores/as en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico y el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.
Esta realidad es muy común en países de América Latina, como México, Colombia, Brasil y Venezuela, sin embargo nuestro país no se queda ausente, ya que en los últimos años -con el aumento de focos de conflictos medioambientales y el aumento de la tensión en la causa mapuche- ha existido un incremento de la criminalización de líderes sociales, que en las últimas semanas explotó con la muerte del dirigiente socioambiental de Quintero y Puchuncaví, Alejandro Castro.
Catalina Cortés
Mónica Catrilaf