Por Verónica Burdiles.
La controversial Ley Longueira modificó la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera tanto artesanal como industrial y la regulación de la fiscalización e investigación de estas actividades.
La Ley general de Pesca y Acuicultura nunca fue apoyada por los pescadores artesanales quienes se han manifestado hasta los días de hoy, aunque las huelgas de estos trabajadores han sido una forma de manifestar su descontento, en los inicios se intentaba manchar sus acciones respaldándolas como respuesta a financiamientos de intereses extranjeros.
Lo que contrastaba cabalmente a lo que ellos llamaban una verdadera injusticia, ya que esta ley ha tenido como fin la concentración económica dejando el negocio del mar en mano de 7 familias, reduciendo casi en su totalidad la participación de los pescadores artesanales.
Las siete familias beneficiadas por esta egoísta ley son las siguientes: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz. Haciendo de estas familias tres fusiones que se convirtieron en grandes conglomerados, los cuales acaparan ni más ni menos que el 76% del contenido pesquero del país, beneficiándose así de la extracción gratuita de los recursos naturales del mar chileno reteniendo una ganancia anual de al menos 3 mil millones de dólares.
Los más afectados en la creación y aprobación de esta ley son los pescadores artesanales, ya que fueron los olvidados en la redacción de esta, ni sus demandas históricas hicieron hincapié, no se encuentra contemplado beneficio alguno ni la protección de los caladeros históricos de la pesca artesanal, ni el establecimiento de las 5 millas de protección artesanal a lo largo del país, ni mucho menos se dio la discusión si algunas pesquerías debiesen estar en su totalidad en manos de los artesanales.
Editado por: Eric Paredes.
