Aumentan casos de violencia de género en Chile.
por Rayen Campos, Mariela Vargas y Paula Alcaíno.
La violencia de género se produce cuando se vulneran los derechos básicos de las personas. Para evitar esto cada país debe contar con leyes o una legislación que proteja a sus ciudadanos, garantizando los derechos y la dignidad.
El concepto de violencia no distingue entre raza, credo o estrato socio-económico, debido a que es una acción que se da en distintos escenarios socioculturales. Paola Nahuelhual, dirigente social, activista y parte del gabinete de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, explica cómo este fenómeno es un tipo de violencia de clases y como estas agresiones se deben entender desde todas las diversidades «no es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre, no es lo mismo ser mujer, qué mujer pobre emigrante o mujer indígena».
Por otro lado Marta Ormazábal parte de la Brigada Teresa Flores y coordinadora de género y diversidad del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), enfatiza que como sociedad debemos ver a las mujeres en todos sus espectros, «No estamos viendo a las mujeres en sus diversidades y en sus distintas problemáticas. Vemos a la mujer, pero no a la mujer mapuche, la mujer rural o a la mujer que puede ser analfabeta o a la mujer profesional «hay una estandarización de las mujeres».
En Chile las opciones legales que existen para contrarrestar esta problemática son variadas, organizaciones como la Red Chilena de violencia contra la mujer, o el Instituto Nacional de la Mujer convergen en la creación de programas y proyectos que abordan formas de acoger y entregar recursos a las víctimas en los casos de violencia ofreciendo una orientación en los procesos de denuncia. Para efectos legales, los principales organismos para denunciar son la institución de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Estos procesos están amparados por entidades globales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su papel es el de un regulador general, que orienta a las naciones en este tipo de ámbitos, pero que no intercede ya que cada país considera o no la inclusión de sus estamentos o procedimientos.
Yanira Zuñiga, abogada y actual docente de la universidad Austral de Chile (UACH) menciona que los organismos externos internacionales como la ONU deben transversalizar su acción, pensando en una política general y no sectorial en torno al concepto de violencia y cómo contrarrestarlo, para ello señala que “Se debe pensar más que una respuesta penal o judicial, sino que el ministerio de la vivienda tenga una política especial por ejemplo de subsidio, o que el ministerio de salud lo vea desde un programa de ayuda psicológica, y que luego hayan coordinaciones y no todo quede radicado en el ministerio de la mujer, ya que este no puede cubrir todas las áreas”.
Desde el ámbito jurídico lo que se busca es conseguir una condena contra la persona que realiza algún acto de violencia a través de una asesoría legal que realice los trámites y presente la evidencia ante el orden jurídico. Un ejemplo de ley que busca la penalización de la violencia es la ley 20.066 o Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), la que considera en sí diversos tipos de violencia como la física, psicológica, sexual, y económica.
En la actualidad, se ha avanzado en términos legales y legislado para disminuir este tipo de conductas, sin embargo, éstas siguen estando muy arraigadas en la sociedad. Un claro ejemplo de la perpetuación de violencia de géneros se da a través de la normalización de esos escenarios en los medios de comunicación como noticias, redes sociales o distintas plataformas, sin embargo, la modificación a las leyes del código penal han brindado mayor rigurosidad para contrarrestar el índice de violencia cada día en aumento.
La ley 20.480 modifica parte del código penal y la ley de Violencia Intrafamiliar 20.066 aumentando las sanciones en los casos de Femicidio e incorpora ésto como parte de la ley. Reconociendo los distintos escenarios de violencia de género.
Copia de Los tipos de violencia de Género de RayenPara garantizar la eficacia en términos de rapidez y agilidad, se debe tener en cuenta los distintos organismos sociales que trabajan esta problemática, pues existe una amplitud social en la que se evidencian distintas realidades donde no todas las personas tienen acceso a este tipo de representación privada, entendiéndose que existen representantes estatales, pero cuya labor está sujeta a un proceso más lento, por lo que si bien la ley puede aplicar su rigor, el sistema es el que muestra una vulneración.
Bajo una mirada jurídica lYanira Zuñiga, se refiere también al concepto de violencia y considera un factor importante el cual es, “si es delito no interviene el ministerio público, pero en el caso de que si lo sea interviene la defensoría estatal, la cual representa más a los agresores”. De este modo pone en evidencia que muchas veces la pena dependerá del grado del delito, de su nivel de violencia, y el escenario en donde se llevó a cabo dicho episodio.
Por ello, se debe entender que las nuevas implementaciones de penas dependerán de la legislación del país, y en estricto rigor de la constitución, la cual en nuestro país no ha sufrido cambios en el área penal. Por lo que si bien se busca avanzar, la forma de hacerlo no ha sido más que una que genera impunidad más que seguridad en los casos de violencia.
Como consecuencia, esta problemática no ha hecho más que aumentar, pues no cuenta con una solución directa y eficaz mientras no se busque una rigurosidad en el sistema penal, ya que si bien existen instituciones para acudir en caso de sufrir violencia, estas entidades no pueden más que prestar guía de cómo proceder. Si a esto le sumamos las opciones ineficaces como “medidas de protección o cautelares”, a las que también nadie obedece por la nula o baja pena.
Es posible enunciar que la violencia es algo que existe en muchos ámbitos , ya sea porque lo hayan vivido, visto u observado en la sociedad, se encuentra en todos lados, pero depende de nosotros no mantener esa constante, y para eso se deben considerar aspectos como la crianza, la educación y formación de valores como pilares fundamentales de un cambio en nuestra realidad social y cultural. Esto acompañado de un sistema legal más estricto, que brinde penas ejemplares que aseguren los derechos de la ciudadanía ayudaría a prevenir el incremento de este tipo de conductas, ya que a pesar de lo opresor que pueda percibirse, una forma eficaz de disminuir los comportamientos de esta índole es por medio de un sistema “causa-efecto” que más que concientizar está ligado a un simple aprendizaje conductista.